En la segunda semana de mayo se produjo una turbulencia en el mercado financiero ecuatoriano con la noticia por parte de la Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, acerca del cierre de la Mutualista Benalcázar debido a la insolvencia patrimonial de la institución. Pero qué ocurrió para que esta institución, con más de 40 años de funcionamiento en el país, haya incurrido en un error contable en la valoración de sus activos y terrenos, motivo por el cual se tomó la decisión del cierre.
Por ello, y más allá de establecer de quién es la responsabilidad de informar oportunamente de este problema por parte de la firma Auditora Externa, Calificadora de Riesgo y hasta de la misma Superintendencia de Compañías, nuestro afán es de presentar las metodologías que se deben aplicar para una correcta valoración de los Activos según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Las NIIF introducen el concepto de 'Valor Razonable' para poder determinar el precio por el que se intercambiaría un activo o se cancelaría un pasivo entre partes interesadas, informadas e independientes bajo condiciones de mercado.
Valoración inicial
El activo se valorará inicialmente por su costo que comprenderá el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo (neto de descuentos y bonificaciones) y cualquier costo directamente atribuible relacionado con la ubicación del activo en el lugar.
El costo de los elementos de activo fijo puede incluir también las reclasificaciones de ganancias o pérdidas reconocidas directamente en el patrimonio neto (a través de su imputación a otros resultados integrales) derivadas de coberturas de flujos de efectivo cualificadas (ajuste de base) directamente relacionadas con la adquisición de los elementos.
Valoración posterior
Los activos que pertenezcan a una misma clase se contabilizarán por:
Su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas (modelo del costo), o
Por su valor revalorizado menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor (modelo de revalorización)
El importe amortizable de un activo (su importe bruto en libros menos su valor residual estimado) se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.
El costo de una inspección o una revisión (overhauls) de un activo que se produzca a intervalos regulares durante la vida útil del mismo se capitalizará en la medida en que cumpla las condiciones para el reconocimiento de un activo.
Revalorización
Cuando no exista evidencia del valor de mercado abierto debido a la naturaleza especializada del elemento, éste se valorará por su costo de reposición depreciado, siendo éste el costo de adquisición corriente depreciado de un activo similar.
Las revalorizaciones deberán practicarse con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros no difiera significativamente del valor razonable en la fecha del balance.
El incremento del importe en libros de un activo como consecuencia de una revalorización deberá abonarse directamente a otros resultados integrales y acumularse en el patrimonio neto (en una cuenta de 'Reservas por Revalorización').
Una disminución por devaluación deberá cargarse directamente a la cuenta de Reservas por Revalorización correspondiente (a través de su imputación a otros resultados integrales), reconociéndose cualquier exceso sobre el saldo de dicha cuenta como un gasto en resultados.
Caso de la Mutualista Benalcázar
En el caso particular de Mutualista Benalcázar, la Superintendencia de Bancos realizó una inspección específica al proyecto inmobiliario que se encuentra bajo el fideicomiso Club Santa Fe, el mismo que ejecutaba la construcción de un Club Social y Deportivo en el sector de Iñaquito Alto.
Este fideicomiso tenía previsto vender 1.500 acciones para miembros del Club por un valor aproximado de USD11.000 cada una, precio de mercado o como se están cotizando las acciones de otros clubes de lujo en Quito.
Según una cronología de hechos que presentó diario El Comercio, la Mutualista compró estos terrenos de 27 hectáreas aproximadamente, pero estos terrenos fueron declarados por el Municipio de Quito como zona de 'Protección Ecológica' ratificando el valor promedio del metro cuadrado del terreno en USD4.62, cuando en junio del 2007 el avalúo se situaba en USD43 por metro cuadrado.
Esto implicó que el terreno que se encontraba avaluado en USD11,9 millones bajara a USD5 millones, haciendo que su patrimonio técnico se registre en -6% cuando lo permitido por la Ley es de 9%. La Superintendencia de Bancos sostiene que la diferencia de USD6,8 millones no debió ser registrada como ingresos ya que todavía no se vendían las acciones, por lo que este ajuste impactó en su patrimonio y con esos indicadores debía cerrar la institución.
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