El escándalo financiero ocurrido en Estados Unidos, a finales del 2001, por la caída de Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine Systems, acusadas de manipular su información contable y financiera para poder ser atractivas para los inversionistas de Bolsa, obligó a la Cámara de Representantes a elaborar una ley que permita, a través de controles más estrictos y penas más duras sobre los posibles culpables, a que se transparente la información para los inversionistas en las bolsas de valores norteamericanas.
La ley toma su nombre a partir de los senadores Paul Sarbanes (Demócrata) y el congresista Michael G. Oxley (Republicano), que fue aprobada en julio del 2002 con amplia mayoría no sin antes haber realizado un profundo debate de las implicaciones de la implementación, ejecución y continuidad de la aplicación de la Ley. Aunque muchos consideran que esta medida trató de limpiar la imagen de la Administración de Bush, porque algunos directivos de Enron, específicamente, tenían una estrecha relación con dicha administración, también se trató de demostrar que el caso ocurrido con estas empresas era aislado y que el resto de compañías que cotizan en bolsa puedan demostrar que el precio de sus acciones obedecen ciertamente a lo que la empresa es y demuestra en sus cifras financieras.
La ley Sarbanes Oxley, también conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista; o también llamada SOx o SarbOx, es un texto presentados en seis áreas que afectan a todas las sociedades cotizadas en los mercados americanos y que comprenden:
1. Mejora en la calidad de la información pública y en los detalles de la misma.
Sección 302.- Establece que la información pública presentada deberá ser calificada por los directivos de la sociedad, habiendo por lo menos un responsable, por parte de la empresa, sobre la integridad de la información. Con este cambio sustancial, las responsabilidades penales por un fraude o por irregularidades en la presentación de las cifras financieras, recae sobre la directiva de la empresa o los funcionarios de la compañía que hayan certificado la información.
Sección 404.- Tiene que ver con la evaluación del control interno financiero de la compañía y la exigencia de redactar un informe al final de cada ejercicio fiscal. Dentro de este informe de control interno se establece la responsabilidad del equipo directivo de tener una estructura de control interno adecuada, certificando la veracidad de la información proporcionada y que posteriormente deberá ser evaluado por la empresa auditora.
Sección 409.- Se establece la obligación de informar sobre cambios en la información pública de las empresas que tengan un impacto sobre la situación financiera o en las operaciones, de manera rápida y efectiva.
2. Reforzamiento de responsabilidades en el Gobierno Corporativo de las Sociedades
Sección 204.- Esta Ley obliga a que las empresas deban tener en su estructura a un Comité de Auditoría, que pertenezca a la empresa pero cuyos miembros sean completamente independientes a la misma y que sean expertos financieros (sección 407), cuya función principal es supervisar la relación entre la empresa y su auditoría. Por ello, esta sección hace hincapié en establecer mecanismos que permitan incrementar las comunicaciones directas entre el Auditor y el Comité de Auditoría en materias como: políticas contables significativas, tratamientos contables alternativos, y demás.
3. Mejoras en las conductas y comportamientos exigibles: mayores exigencias de responsabilidad en los temas de gestión indebida de información confidencial
Sección 303.- Es reconocido como actuación ilegal el tratar de influir de forma fraudulenta, o coaccionar, manipular o confundir intencionadamente al auditor.
La sección 406 menciona la obligatoriedad de tener un Código de Ética para los ejecutivos del Área Financiera y cualquier cambio o incumplimiento deberá ser informado públicamente.
4. Aumento de la supervisión a las actuaciones en los mercados cotizados
En las primeras secciones de la Ley (101 y 102) se crea una nueva agencia cuasi pública, 'the Public Company Accounting Oversight Board' o PCAOB, es decir, una compañía reguladora encargada de revisar, regular, inspeccionar y disciplinar a las firmas auditoras que desean auditar a sociedades cotizada en mercados americanos.
De igual forma la Securities and Exchanges Comisión SEC, es decir, la comisión reguladora del mercado de valores de Estados Unidos, deberá realizar estudios sobre normas contables basadas en principios frente a las basadas en aspectos más formales, de igual forma podrá reconocer como de general aceptación los principios contables establecidos por organismos reguladores como el FASB.
5. Incremento del régimen sancionador asociado a incumplimientos
La aprobación de esta ley también modificó el Código Penal de EE.UU para especificar las multas y penas por delitos financieros para los responsables legales por manipular, alterar o destruir documentos o impedir que se realice una investigación oficial.
El responsable 'será multado con no más de USD1.000.000 o encarcelado por no más de 10 años, o ambos' en el caso de que sabiendo que 'el informe que acompaña al estado no cumple con todos los requerimientos'.
En el caso de que sabiendo que 'el informe que acompaña al requerimiento no cumple con los requisitos' el responsable 'será multado hasta con USD5.000.000 o encarcelado por no más de 20 años, o ambos'.
6. Aumento de exigencia y presión sobre la independencia efectiva de los auditores
Las secciones 201, 202, 203 y 206 de la Ley Sarbanes Oxley, establecen la prohibición total para que el Auditor pueda prestar determinados servicios a sus clientes de auditoría, para lo cual el Comité de Auditoría deberá autorizar el servicio permitido con determinada firma de Auditoría.
Para reducir los riesgos de exposición de las firmas auditoras, el socio firmante y el socio revisor deberán rotar cada 5 años.
De igual forma, se establece las restricciones de que una empresa contrate al personal del equipo de su auditoría, por lo menos en un periodo de un año.
Si bien es cierto, esta Ley no va a impedir que directivos de alguna empresa maneje una contabilidad fraudulenta, sí establece las responsabilidades, multas y penas que recaerán sobre ellos en el caso de cometer delito financiero, así como garantiza que los controles internos, auditorías internas y externas estén basados en informes reales y completos.
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